El CGPJ dará luz verde la ley de Montoro sobre publicación de las sentencias condenatorias en materia de fraude fiscal

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto celebrar un Pleno Extraordinario hoy lunes,18 de mayo, para estudiar el informe que el vocal Gerardo Martínez-Tristán defenderá sobre el Anteproyecto de Ley General Tributaria, que prevé la publicación de las sentencias  en materia de fraude fiscal y que avala esta medida como «un elemento preventivo y educativo».
El Anteproyecto, por el que se regula el acceso a la información contenida en las citadas sentencias, está siendo analizado por el órgano de gobierno de los jueces pues introduce modificaciones en uno de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Propone, en concreto, el carácter público del acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes en materia de fraude fiscal y la publicación de un extracto de estas resoluciones en el BOE. La medida se considera proporcionada y ajustada a la Constitución.

El propio informe que se someterá hoy lunes a debate reconoce que la regulación se adopta con los objetos principales de impulsar la lucha contra el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias e incrementando la transparencia en las actuaciones judiciales en este ámbito. Entronca además con normas administrativas que prevén la publicidad de las sanciones adoptadas en sectores considerados de especial protección.

AFECTACIÓN A LOS DERECHOS

El informe, reconoce que la publicidad de la sentencia condenatoria puede suponer un «gravamen para la persona condenada susceptible de afectar a sus derechos individuales al honor, intimidad y protección de datos», si bien añade que también cumple una función de información «y en gran medida de lucha contra el fraude fiscal, configurándose como un elemento preventivo y educativo«.

En este punto, el informe apunta que los derechos individuales «no son absolutos» sino que también tienen límites que establece la Constitución «o derivados de la protección dispensada por la norma constitucional a otros bienes, derechos o intereses merecedores de igual protección».

De este modo, el CGPJ concluye que la regulación proyectada por el Gobierno «sirve a un interés general», dado que con ella se pretenden alcanzar determinados objetivos amparados constitucionalmente.

Además, según apunta el análisis que será previsiblemente aprobado hoy, la publicación de las condenas  «no se proyecta sobre toda condena penal sino sobre aquellas referidas a fraude fiscal», así como las derivadas de los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y contrabando,  que tienen como sujeto perjudicado a la Hacienda pública y que «tienen una incidencia clara y manifiesta en el deber» constitucional de sostenimiento de los gastos públicos.

OBSERVACIONES DE LOS PROGRESISTAS

Precisamente esta incidencia en los derechos fundamentales es la principal observación que apuntan cinco vocales que discrepan del contenido del informe, y que han formulado un escrito de observaciones y que también será sometido a debate.

A juicio de los vocales Roser Bach y Enrique Murillo, a los que se han adherido Concepción Sáez, María Victoria Cinto y Clara Martínez de Careaga,  el Anteproyecto de Montoro debería añadir una limitación para afectar solo a los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, para no afectar a los principios de retroactividad y proporcionalidad de la lesión a los derechos a la intimidad, el honor y a la protección de los datos personales.

«Si no queremos volver a planteamientos pretéritos, propios de constitucionalismo nominal y asumimos que son los derechos fundamentales los que delimitan el carácter válido de la ley y no al revés, la premisa de la que de partir cualquier regulación legal que imponga límites a los derechos fundamentales ha de ser recibida con mucha cautela que acredite suficientemente que el sacrificio que se imponga a los mismos tiene un mayor valor que justifica la restricción de que se trate», advierten.